Evaluación y otras cosas | Opinión | Luis F. Aguilar
Reforma | 15.mayo.2013
Hoy es Día del Maestro y seguramente miles de
familias y localidades del país no encuentran buenas razones para
festejarlo, molestas como están por el hecho injustificado de que
numerosos maestros de los estados del Pacífico Sur de México han dejado
sin clases por semanas o meses a sus hijos y a los niños de sus
comunidades y han utilizado además el abandono de su responsabilidad
educativa como arma de presión hacia los gobiernos para obtener mayores
ventajas económicas y gremiales sin obligarse a un servicio educativo de
superior calidad.
Mayo ha sido desde hace años el escenario de la lucha
(¿gremial, partidaria, cívica...?) del magisterio frente al gobierno,
pero este año su agitación es más violenta y transgresora, debido a su
rechazo de la reforma educativa aprobada (reformas a los artículos 3 y
73 constitucionales) y, concretamente, su rechazo a la evaluación de la
calidad de su desempeño educativo y a la relación que es justo
establecer entre los resultados de su desempeño y su remuneración,
puesto de trabajo, permanencia y promoción profesional. Esta exigencia
no es arbitraria ni injusta ni antimagisterial. Injusto y absurdo es más
bien pretender seguir cobrando e incrementando ingresos y facilidades
de vida sin trabajar con los estándares de calidad que el servicio
educativo público exige y que es obligación del gobierno exigir sin
tibieza pues se trata de un derecho humano, del derecho de todo ser
humano a la educación, que es el recurso fundamental para que puedan
realizar sus proyectos de vida.
La novedad de la reforma del artículo 3
constitucional es precisamente la prescripción de que la educación "será
de calidad" con todas las implicaciones que conlleva la afirmación. Es
injustificado entonces que algunos maestros, entre el millón y medio de
los maestros actuales, crean que tienen derecho a la seguridad y
prosperidad económica sin la obligación de trabajar bien y ofrecer una
enseñanza de calidad a la sociedad. El derecho a la educación será algo
especulativo a menos que la educación sea de calidad, posibilite un
aprendizaje relevante, y el gobierno pueda mostrar a padres y ciudadanos
que el servicio de sus maestros (sus agentes) reúne los atributos de la
calidad educativa y, para mostrarlo, si no quiere hablar
demagógicamente o mentir, tendrá que realizar evaluaciones conforme a
determinados estándares e indicadores que deberán ser consensuados, pero
también mensurables y exigibles. No hay duda alguna sobre la
importancia de la prescripción constitucional de dar forma a una
educación de calidad, pero sí hay varias dudas en lo que refiere a su
instrumentación, a la definición de la calidad educativa, al concepto de
"buen maestro" y a los métodos de evaluación.
La movilización de los maestros en contra de la
reforma ha levantado tal polvareda que la creación del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como "un organismo
público autónomo" ha sido silenciosa y discreta, no obstante que
representa un cambio en el proceso de gobernar y del administrar
público, una "nueva gobernanza pública". Es prometedor que un Instituto
con una Junta de Gobierno autónoma, integrada por ciudadanos expertos,
se encargue nada menos que de "expedir los lineamientos a los que se
sujetarán las autoridades federal y locales" en el asunto de la
evaluación y de "emitir directrices... relacionadas con las decisiones
tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor
esencial en la búsqueda de la igualdad social". El INEE entra como
autoridad clave en el terreno de la política pública educativa y social,
a la manera del Banco de México en el campo de la política pública
macroeconómica. Será conveniente hablar después de esto, que es algo que
representa la futura forma de gobernar y administrar.
Por lo pronto, la Junta de Gobierno del INEE comienza
a poner algunos puntos sobre las íes de la reforma educativa que en el
discurso ha tenido el tono impositivo del viejo verticalismo
gubernamental, justificado como rectoría del Estado y sustentado en un
pacto partidario en las alturas. Son de apreciarse los primeros
pronunciamientos del INEE sobre la equidad como "un componente
sustancial de la calidad de la educación", el reconocimiento franco de
la diversidad de las realidades sociales y educativas del país y, por
tanto, la inteligente afirmación de que la evaluación no operará "como
una fuerza homogeneizadora" con formatos estándares de evaluación, así
como la afirmación de que "la evaluación por sí misma no mejora la
calidad de la educación", una tesis tal vez disonante frente al boom de
la evaluación como la llave de la eficacia gubernamental.
Los procesos de implementación y las evaluaciones de
las políticas públicas no tienen por qué ser uniformes, porque las
circunstancias educativas de las poblaciones a lo largo del país no son
uniformes, a diferencia de la ejecución de las leyes, que debe ser
homogénea, sin distingos contra los transgresores. El gobierno saldrá
mal evaluado en eficacia y calidad directiva si es laxo en leyes y
rígido en sus políticas y evaluaciones, como parece serlo.
-Fin del artículo-
